Jaén, 23 de enero de 2020.- La Confederación de Empresarios de Jaén muestra su honda preocupación por los efectos que la nueva subida del salario mínimo, aprobada ayer por los agentes sociales y el Gobierno, tendrá sobre la economía provincial, tan dependiente de sectores como el agrario y los servicios. La patronal insiste en que el incremento para 2020 – del 5,5%-, se suma al aprobado el año pasado del 22% que ya comportó importantes prejuicios para muchos empresarios. En un contexto económico como el actual, no parece lógico imponer una subida del SMI de más de 300 euros en los últimos dos años.

En sintonía con lo expresado estos días por las patronales del campo, la CEJ considera que los efectos del incremento serán especialmente lesivos para una provincia como Jaén, en la que el sector agrícola tiene tanto peso, lastrado, además, por una caída de renta y la crisis de precios del sector del aceite. Se calcula que con el anterior incremento del SMI, el campo perdió cerca de 55.000 empleos. Para la patronal no pueden adoptarse medidas de este tipo sin actuar, por ejemplo, sobre los precios para evitar que el sector se vea obligado a vender, como está ocurriendo, por debajo de los costes de producción.

La CEJ teme que otros sectores, como los servicios, también se vean seriamente afectados por el incremento del SMI y se genere más economía sumergida, en contra de las aspiraciones de los empresarios que llevan mucho tiempo solicitando incentivos a la contratación para generar más empleo. En la misma línea, este incremento limita considerablemente las opciones de los autónomos a la hora de contratar trabajadores a su cargo, al implicar un incremento anual de más de 3.000 euros de costes laborales.

Por otro lado, son muchas las pymes jienenses que actualmente desarrollan proyectos ofertados por la administración y que se han visto obligadas a asumir estos incrementos sin haberlos podido repercutir en el coste final de la adjudicación, rediciendo considerablemente los márgenes, ya de por sí reducidos, de rentabilidad.

Los empresarios no se oponen, en ningún caso, a que se apliquen incrementos en el salario mínimo, pero defienden que es un proceso que debe acometerse desde el consenso de las partes implicadas, de una manera progresiva, y calibrando los efectos y los costes que tal medida tendrá sobre la economía y el mercado laboral.