Jaén, 13 de octubre de 2022.- Los Presupuestos más expansivos de la democracia vuelven a convertir a Jaén en el “farolillo rojo” de las inversiones y ahondan en los desequilibrios de un territorio que vuelve a perder en el reparto de fondos del Estado. La Confederación de Empresarios de Jaén considera inadmisible la cifra anunciada en los documentos de partidas territorializadas (69,1 millones de euros) tras el descenso del 50% de la inversión que supusieron los PGE de 2022 para la provincia y que certifica, a juicio de su presidente, Bartolomé González, que Jaén “no cuenta para el Gobierno de España”.

“Una vez más, el Gobierno no se toma en serio las necesidades de la provincia, anunciando inversiones no consignadas en las partidas provincializadas que difícilmente se cumplirán”, lamenta el presidente de la CEJ, que alerta de que este “trile dialéctico” esconde, en realidad, “una flagrante falta de compromiso con el territorio”. En opinión de la organización empresarial y de su presidente, Jaén es una provincia que requiere un incremento importante por parte del Estado en muchas áreas, fundamentalmente en el ámbito ferroviario y de transporte por carretera, “pero en lugar de corregir estos desequilibrios, se proyectan unas cuentas que condenan a Jaén a la parálisis total”.

Respecto a la A-32, la CEJ considera prioritario y urgente la actualización de los proyectos para licitar nuevos tramos que avancen en la materialización de una infraestructura vital para el desarrollo de nuestra provincia que ayudará a vertebrar tres comunidades autónomas: Andalucía, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

Peor parada aún sale la dotación destinada al ferrocarril en la provincia que seguirá sin conexión de Alta Velocidad con Madrid ni ninguna provincia andaluza. La escasa inversión en ferrocarriles contemplada en el proyecto de Presupuestos para 2023 asciende en total a 4 millones de euros lo que significará, de facto, “un nuevo año en blanco para Jaén en esta materia”, lamenta Bartolomé González.

Por otro lado, y en un contexto de análisis para el conjunto de los PGE 2023, la CEJ considera inadmisible la postura adoptada por el Gobierno de decidir “de manera unilateral y a espaldas del diálogo social nacional” de subir un 8,6% las bases máximas de cotización», tal y como recoge el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. La organización entiende que estos Presupuestos «deberían apostar de forma decidida y por el apoyo a la actividad de las empresas, quienes mantienen y crean empleo y contribuyen a la mejora del bienestar económico y social».