Jaén, 4 de febrero de 2020.- La Confederación de Empresarios de Jaén muestra su honda preocupación por el incremento del paro en Jaén en 5.602 personas en enero según los datos hechos públicos hoy por el Servicio Público Estatal de Empleo. El número total de parados en la provincia es de 47.586, 4.017 más que hace un año. Se trata de la provincia española con mayor incremento del paro respecto a diciembre en términos porcentuales (13,22%), y de la segunda que más empeora sus registros en el cómputo anual (9,22%), sólo por detrás de Melilla (11,41%). Jaén también encabeza el ranking en cuanto a la temporalidad en la contratación: sólo un 1,33% de los contratos firmados en enero fueron indefinidos.
Por sectores de actividad, agricultura, con 3.848 parados más, encabeza el aumento, seguido por servicios (1.879) e industria (63). El desempleo baja en construcción (-147) y en el colectivo sin empleo anterior (-41).
La afiliación a la Seguridad Social desciende en 9.308 cotizantes en el último mes, situándose el total de afiliados al sistema en 256.321 personas. En el último año el número de afiliados ha descendido en 13.546 personas.
La Confederación de Empresarios de Jaén lleva meses alertando de que la desaceleración en las cifras del mercado laboral en España está siendo especialmente pronunciada en Jaén, incapaz de amortiguar los incrementos de sectores como la agricultura y servicios después de la finalización de las campañas oleícola y navideña. A esta coyuntura se suma la crisis de precios del aceite de oliva cuya situación exige, a juicio de la Confederación, una respuesta contundente por parte de las administraciones para dar estabilidad al mercado.
La organización empresarial considera que la provincia precisa una discriminación positiva que le permita acortar los déficits estructurales que soporta, por lo que solicita el desbloqueo de las inversiones contempladas en la ITI por parte del Gobierno. La CEJ también valora con preocupación el impacto que tendrá en nuestra provincia las reformas del marco laboral que propone el Gobierno, si bien confía en que cualquier cambio al respecto parta del diálogo y el consenso con agentes sociales.