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LA CEJ Y LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE POLÍGONOS DEMANDAN SOLUCIONES PARA LA SITUACIÓN DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DE LA CAPITAL

LA CEJ Y LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE POLÍGONOS DEMANDAN SOLUCIONES PARA LA SITUACIÓN DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DE LA CAPITAL

Jaén, 31 de enero de 2014.- El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres; y los presidente de las asociaciones de empresarios del Polígono Los Olivares y Parque Empresarial Nuevo Jaén, Sergio Couñago y Juan Arévalo, respectivamente, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la CEJ para abordar la situación de estas dos zonas industriales de la capital y demandar a las administraciones competentes soluciones para flexibilizar y facilitar la instalación de nuevas empresas y para dotarlos de servicios que lo hagan atractivos a la inversión industrial y acaben con el problema de la inseguridad.

Así, el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Los Olivares (AEPO), Sergio Couñago, lamentó la situación de abandono a la que el Ayuntamiento de Jaén tiene sometida a la principal zona empresarial de la capital y demandó urgencia en la resolución de los problemas más urgentes como la falta de seguridad en la zona, la mejora en la señalización con la puesta en marcha de las cámaras de control de tráfico –instaladas hace más de tres años pero sin uso-, o mejoras en aspectos vitales como la iluminación, el servicios de limpieza o el transporte público.

Por su parte, para Juan Arévalo, presidente del Parque Empresarial Nuevo Jaén, ha habido ‘dejación de funciones’ por parte del Ayuntamiento en lo que al nuevo polígono se refiere que, tal y como recordó Arévalo ‘no dispone de servicio de recogida de residuos sólidos ni industriales, no llega ningún autobús, y ni tan siquiera el correo’. El presidente del Nuevo Jaén también ha solicitado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento la flexibilidad en el uso de las parcelas así como su fragmentación para favorecer la instalación de nuevas empresas, sin embargo, la administración local se escuda en que las peticiones son imposibles de atender en virtud de la ordenación urbanística de la Junta de Andalucía (POTAU), si bien el gobierno autonómico ha respondido que el POTAU no establece limitaciones en este aspecto concreto por lo que corresponde al Ayuntamiento decidir.

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